Pensiones vitalicias
Señor director:
La justificación del gobierno para conceder pensiones vitalicias a cinco individuos condenados por delitos graves durante el estallido social se basa en su condición de "personas afectadas en el contexto de las manifestaciones iniciadas en octubre de 2019", porque fueron víctimas de "apremios ilegítimos" al ser detenidos durante las protestas. No obstante, al otorgar estas pensiones, no se tuvo en cuenta que estos beneficiarios ya habían cometido delitos graves antes por los cuales fueron formalizados, como estafa, saqueo, lanzamiento de artefacto incendiario y maltrato de obra a Carabineros.
Es sorprendente que el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, justifique este grave error, alegando que la ley no exige antecedentes penales para la concesión de pensiones vitalicias porque "nunca en la historia del país se ha solicitado los antecedentes penales de las personas". Aunque es cierto que la ley no exige estos antecedentes y que los beneficiarios cumplían los requisitos legales, esto no exime al gobierno de ser criterioso y diligente al conceder estas pensiones. La ley debe ser aplicada por autoridades sensatas y precavidas.
Si el gobierno busca corregir este lamentable error, lo más prudente sería revocar o anular las pensiones otorgadas a estos cinco condenados. Esta medida envía una señal negativa al validar la violencia como medio político, generando indignación y frustración.
Adriano Ventura Cerisola