Leo Riquelme

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, llegó ayer a Antofagasta, donde permanecerá hasta hoy para realizar actividades y diligencias relacionadas con un solo asunto: el funcionamiento de la fundación Democracia Viva, representada por la pareja de la diputada Catalina Pérez, Daniel Andrade, y que fue contratado de manera directa por quien entonces era seremi de la cartera en la región, Carlos Contreras. Los tres aludidos son militantes de Revolución Democrática.

En medio del escándalo y las sospechas de que se trate de un mecanismo que opera también en otras zonas, Montes informó que una revisión detectó que hay al menos seis funcionarios contratados por este tipo de fundaciones que trabajan en la Seremi y el Serviu.

"Se iban a trabajar al ministerio para efectos de hacer un seguimiento a los proyectos" para los que eran contratados estas ONGs, dijo.

"En un tiempo fue más y después se achicó. Nosotros creemos que son seis personas, no son más que eso -con los datos que tenemos, el día de mañana pueden aparecer otros datos- y esas personas fueron contratadas por las fundaciones y cumplían funciones de apoyo en la Seremi o Serviu", insistió.

Montes afirmó que estas personas no tienen dobles contratos ni tampoco hay evidencia por ahora de que se trate de funcionarios sumados al servicio a través de terceros. Agregó que desconocía si seguían cumpliendo tareas.

Democracia Viva fue contratada por Contreras para trabajar en campamentos. El ministro dijo que una de las razones de su viaje era justamente visitar asentamientos y confirmar si habían obras.

Además, planeaba reunirse con autoridades y funcionarios; y hoy lo hará con el fiscal regional (s) Cristian Aguilar para proporcionarle antecedentes del caso.

"Toda irregularidad tiene que salir a la luz", dijo el Presidente Gabriel Boric, quien le pidió a sus subalternos anticiparse y enfrentar situaciones que podrían revestir carácter de corrupción.

Sospecha corrupción

El partido de los denunciados, RD, ayer presentó una querella contra quienes resulten responsables de los delitos de malversación de caudales públicos, fraude al fisco, negociaciones incompatibles y tráfico de influencias.

Los tres convenios fueron suscritos por Contreras y Andrade entre octubre y diciembre del año pasado. El primero había sido jefe de gabinete de la diputada Pérez, mientras que el segundo es su pareja. Ella ha negado conocimiento de los contratos y exigió que los implicados asuman sus responsabilidades.

"Es poco creíble", dijo a 24 Horas el diputado RD Jorge Brito. A la salida del Centro de Justicia, el senador y presidente del partido, Juan Ignacio Latorre, afirmó que "nos interesa aclarar que cualquier delito cometido por militantes de Revolución Democrática vinculados a la Fundación Democracia Viva -la cual no pertenece a nuestro partido-, no tiene cabida en este proyecto político, en cualquier caso, cualquier persona, caiga quien caiga".

Latorre, a quien el senador PS Fidel Espinoza acusó de entregar seis versiones sobre los hechos, explicó que inicialmente no tenían todos los antecedentes, por lo que estaban confiados en que estaba todo en regla y que se trataba sólo de un "descriterio político". "(En cambio hoy) hay sospecha de corrupción, hay sospecha de una organización que se forma, que tiene muy poco tiempo de existencia y que empieza a buscar convenios con el Estado de muy amplia diversidad de temas para sacar provecho de los recursos públicos", lamentó.

Ante la querella que menciona a los tres militantes RD, Daniel Andrade solicitó ayer en un escrito ingresado ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago que se le cite a declarar en la causa en calidad de imputado y puso a disposición de la fiscalía todos sus "dispositivos electrónicos y los antecedentes materiales que se requieran para facilitar la investigación", que por ahora se encuentra desformalizada.

A través de una carta al líder de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, valoró que la entidad se abra al debate, pero afirmó que el crecimiento económico no es suficiente para los gastos prioritarios "como el aumento de la PGU, la reducción de listas de espera hospitalarias o el fortalecimiento de la seguridad ciudadana". Por ello, afirmó que es necesario que se complementen con una reforma tributaria, "cuya magnitud y contenido debería resultar del mismo proceso de diálogo".Esto ocurre, luego de que la CPC considerara que la reforma que impulsa el Ejecutivo "no es el camino adecuado". Marcel también anunció un ejercicio técnico para identificar el potencial efectivo de generación de recursos fiscales.