Diego Gotelli C.

Por 108 votos a favor, 21 en contra y 14 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó ayer solicitar al Gobierno que declare como feriado el próximo viernes 16 de septiembre, a fin de extender las celebraciones de Fiestas Patrias que este año caen un domingo y lunes.

"Durante dos años no hemos podido celebrar como lo merecemos", justificó el diputado Víctor Pino, del Partido de la Gente, quien promovió el proyecto para pedirle al Presidente Gabriel Boric que "él pueda darle este regalo a la gente que tan mal lo ha pasado en este tiempo".

El proyecto aprobado tiene como único fin el envío de la solicitud formal a La Moneda. Para que se pudiera establecer el feriado se requeriría que el Ejecutivo acoja el pedido, envie un proyecto al Congreso y ambas cámaras lo aprueben. De no ocurrir ello, los días festivos seguirán sin cambios.

Minutos antes de que la idea se discutiera en Sala, el ministro Segpres, Giorgio Jackson, mostró una apertura del Gobierno a estudiar la iniciativa cuando reciban el oficio de la Cámara, para luego "en un tiempo prudente poder generar una respuesta".

El diputado Pino recalcó que la propuesta cuenta con el "apoyo de la gente", según dijo ha podido constatar en redes sociales. También la Federación de Empresas de Turismo (Fedetur) lo ha aplaudido por el aporte que podría significar para la reactivación de los viajes, en un rubro fuertemente golpeado por la pandemia, argumento que varios parlamentarios esgrimieron ayer al votar a favor.

Por contraparte, votaron en su detrimento la bancada del partido Republicano y los diputados Miguel Mellado (RN), Jaime Naranjo (PS) y Mercedes Bulnes (ind-RD).

"Es hora de que tengamos que trabajar en este país. No es el momento para más feriados", dijo Mellado. "Hoy día nuestro país vive una profunda crisis, no solamente social sino que también económica. El país necesita crecer", añadió Naranjo, quien calificó la medida de "populista".

El Ministerio de Educación difundió un informe que identificó la situación socioeconómica de los deudores del Crédito con Aval del Estado, lo que según las autoridades es la medición "más ajustada" realizado en la materia.

El catastro usó datos del SII, de Comisión Ingresa, de la Dipres, de organismos de educación superior y de las encuestas Casen y Banco Central para caracterizar a los 1,1 millones de estudiantes que han accedido al CAE, de los cuales un 57% ya egresó, un 27% estudia y 16% desertó.

Del grupo en etapa de pago el 38% tiene ingresos mensuales por debajo de los $250 mil, el 69% gana menos de $750 mil y el 81% recibe menos de $1 millón al mes.

Entre los no egresados que deben pagarlo, los deudores que ganan menos de $250 mil sube a 56%, en un grupo cuya morosidad supera el 77%, muy por sobre el 48% que se alcanza en la totalidad de deudores, lo que viene al alza desde 2015. "Este informe nos señala que la mayoría de los deudores no son personas millonarias (...) ni que casi por voluntad no quisieran cumplir con sus responsabilidades frente a los bancos", dijo el ministro Marco Ávila, que agregó que el estudio será un insumo para planificar la condonación del CAE y un nuevo modelo de financiamiento que se presentaría en 2023.

Expertos consultados por Emol pusieron en duda las cifras. Por ejemplo, uno cuestionó que el 38% gane menos de $250 mil porque no calzaría con la distribución de ingresos del país y sería hasta peor que quienes no han terminado la enseñanza media.

Aunque esperaban verlo ayer, el Senado aplazó para esta tarde la discusión del proyecto que busca rebajar a 4/7 el quórum para hacer reformas a la actual Constitución, iniciativa que según sus impulsores busca facilitar cambios a la carta magna si el Rechazo se impone en el plebiscito constitucional de salida.

"Es la llave maestra para abrir el camino para que continue el proceso constituyente", afirmó uno de sus firmantes, el DC Matías Walker.

La iniciativa cuenta con el apoyo de Chile Vamos y generó dudas en el oficialismo, que ha cuestionado la premura para impulsarlo antes de la elección, postura que han flexibilizado en los últimos días.

Ayer parlamentarios del PPD presentaron otro proyecto que busca extender la baja de quórums a las leyes interpretativas de la Constitución y a las leyes orgánicas constitucionales, las que pese a no estar en la carta magna también requieren altas votaciones, estableciendo para varios reglas de aprobación de mayoría absoluta. Una iniciativa similar impulsaron senadores del PS para eliminar todos los quórums supramayoritarios de la Constitución, mientras que la diputada PC Karol Cariola dijo que en la comisión de Constitución que ella encabeza allanarán el camino para la tramitación de los quórums.

Al respecto el Presidente Gabriel Boric dijo que no pondrán "obstáculos" a la discusión constitucional iniciada en el Parlamento. "Me parece bien que por diferentes medios se desaten todas las trabas", afirmó.

Dirigentes del Partido Republicano liderados por José Antonio Kast acudieron ayer a la Contraloría para denunciar un supuesto intervencionismo electoral del Gobierno ante el plebiscito de salida, y para pedirle al organismo que cree un "grupo de tarea especial" que investigue tales acusaciones. "El Presidente (Gabriel) Boric se ha levantado como jefe de campaña de una opción (el Apruebo)", acusó el excandidato presidencial, quien afirmó que el mandatario le habría pedido a sus ministros y a alcaldes hacer propaganda. Boric le respondió que las labores del Gobierno apuntan a "informar", "algo a lo que no vamos a renunciar".