Leo Riquelme

Unas 50 grúas vehiculares y automóviles se apostaron ayer alrededor de la Plaza Italia, en el centro de Santiago, al que llegaron para protestar en contra del alto precio de los combustibles, que ayer tuvo un incremento de 12 pesos.

"No podemos soportar más abusos, el alza de los combustibles se hace insostenible", dijo a radio Bío-Bío el vocero de Grúas Unidas de Chile, Bastián Campos.

"Esto afecta el bolsillo de todos lo chilenos, tengan o no tengan auto", añadió el vocero de Automovilistas Furiosos, Patricio Acosta.

Los dirigentes demandan al Gobierno que haga una contención mayor de las fluctuaciones, que hoy dependen del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco). Según el Ejecutivo, sin éste la gasolina debería estar por sobre los 1.600 pesos.

Los manifestantes también exigen el fin del impuesto específico, que hoy asciende a unos 400 pesos por litro, que es casi lo mismo que subvenciona el Estado a través del Mepco.

La idea de los organizadores era protestar en una caravana que los llevara desde la Alameda a la Ruta 68, pero ante la falta de permisos de las autoridades optaron sólo por ir a dejar una carta a La Moneda para expresar sus demandas y solicitar la apertura de una mesa de diálogo para buscar soluciones al problema.

"No vamos a quemar neumáticos ni vamos a tira piedras", aseguró Acosta.

El encarecimiento de los combustibles es un problema global que en Chile empeora porque importa casi la totalidad del petróleo que consume, insumo que adquiere en dólares, cuya tendencia alcista augura que los incrementos de las bencinas continuarán por varios meses.

Ayer, la divisa mantuvo su tendencia alcista y llegó a cotizarse a las 12.49 horas a un récord de 1.060 pesos, 49 más que en el cierre del miércoles, cuando además el Banco Central subió la tasa de interés a 9,75%. La jornada cambiaria cerró a históricos 1.048,50 pesos.

En ello incidió la nueva caída que tuvo el precio del cobre, que en la Bolsa de Metales de Londres, donde se transó a US$3,273 la libra, es decir, un 0,70% menos que en la víspera.

Luego de una nueva reunión para discutir los efectos que ha tenido el estado de excepción en cuatro provincias del Biobío y La Araucanía, la ministra del Interior, Izkia Siches, descartó extender la medida a la Región de Los Ríos, como solicitó la Multigermial del Sur y parlamentarios de centro derecha.

"Hemos analizado los datos y cuantitativamente no hay un aumento muy significativo en los hechos de violencia, pero comprendemos la preocupación", aseguró la jefa de gabinete tras una reunión con militares y policías.

El estado de excepción en la Macrozona Sur regirá por 15 días más, luego que el Congreso avalara la extensión del patrullaje militar que rige desde mayo.

En la tramitación parlamentarios pidieron prolongarla a Los Ríos, a lo que Siches dijo que se analizaría. Ayer comentó que "hemos estado evaluando los hechos que han ocurrido en Los Ríos y en Máfil y esperamos aumentar los puntos de control por parte de Carabineros, como también tener un informe más detallado de las distintas instituciones".

Su postura fue criticada por parlamentarios locales. "La ministra está completamente desconectada de la realidad", dijo la senadora RN María José Gatica.

El incumplimiento de aspectos formales que habían sido advertidos en mayo dejaron fuera al Gobierno en su calidad de querellante del caso Huracán, como se conoce el montaje por el que se investiga desde 2017 a altos oficiales de Carabineros en causas contra ocho comuneros en La Araucanía, a quienes les habrían implantado pruebas para inculparlos en delitos.

La Corte de Apelaciones de Temuco consideró como inadmisible la petición del Ministerio del Interior de reincorporarlos, pues el abogado de la división jurídica de la cartera hizo la solicitud fuera del plazo. Ello, a pesar de que el juzgado de garantía alertó el 12 de mayo del problema.

"Las características de este error, desde mi punto de vista, es inaceptable y por supuesto que tienen que haber responsabilidades, lo voy a conversar con la ministra para evaluar dónde se cometió ese error; entiendo que fue anterior, que es algo que venía hace un tiempo ya y que se tendrá que asumir responsabilidades, sin lugar a dudas", dijo evidentemente molesto el Presidente Gabriel Boric, de visita en Valparaíso.

"Esto para nosotros, la persecución de este tipo de delito, pone en tela de juicio la legitimidad de la persecución y nosotros necesitamos tener instituciones que estén legitimadas ante la ciudadanía para combatir el crimen y el delito, así que esto para nosotros es totalmente relevante y no vamos a sesgar en todos los esfuerzos para perseguir a los responsables", agregó.

La responsabilidad fue arrogada al exabogado de la división, Luis Martínez, el mismo que se durmió y no presentó antecedentes por el crimen del suboficial Francisco Benavides, lo que impidió al Ejecutivo ser parte el caso y pedir diligencias.

Tras ser aludido ayer, Martínez se exculpó. Dijo que la jueza de garantía "se excedió del marco legal" en sus atribuciones, aseguró que es posible revertirlo y le pidió al Gobierno que investigue antes de emitir opiniones.