Arrendatarios 2.0

Señor director:

El alza de tasas y condiciones crediticias más exigentes han repercutido en aquellos perfiles que estaban próximos a comprar su primera vivienda. Esto, porque hay una menor cantidad de sujetos de crédito debido a estas condiciones, lo que les obliga a permanecer arrendando por más tiempo.

Con base en datos de estudios de mercado que realizamos, un 83% de los arrendatarios planea vivir hasta por 5 años en su actual vivienda, mientras que sólo un 10% planea hacerlo un año. Estos datos son relevantes porque se han generado cambios en la demanda de plazos prolongados en el arriendo, derivado de ciertos atributos, como el número de habitaciones, que se exhibe como el aspecto más relevante al momento de arrendar una casa o departamento. En ese sentido, la mitad de los arrendatarios busca el formato 3D/2B, en cual, priorizan inmuebles con áreas verdes, así como con gimnasio y quincho, las más solicitadas.

La mitad de los potenciales arrendatarios en Chile prefiere realizar este proceso online. ¿Por qué? El contexto actual del país ha dificultado la compra de propiedades vía crédito. Sin embargo, diversifica el abanico de posibilidades de arriendo, tanto para inversionistas como para personas que buscan un lugar donde vivir. Es importante generar un punto de equilibrio entre oferta y demanda.

Valentina Pardo

Ley Tamara

Avanzando en el Congreso se encuentra un proyecto de ley que busca reforzar la protección penal a personas vulnerables. Para ello, la iniciativa aumenta las penas, establece agravantes y en algunos casos excluye la posibilidad de la pena mínima en caso de que delitos violentos sean cometidos contra menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad. La iniciativa, conocida como Ley Tamara, en honor a Tamara Moya, pequeña que murió baleada cuando su familia sufrió una "encerrona", será ahora analizada en particular por la comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, para que los parlamentarios puedan mejorar su texto.

¿Por qué? Necesitamos avanzar resguardando que no tenga ningún problema de constitucionalidad: que sea un proyecto viable y que no pueda ser cuestionado por infringir derechos fundamentales. Toda iniciativa que aumenta penas debe ser diseñada con cautela, con el objetivo de proteger la proporcionalidad punitiva que debe existir entre los diversos delitos. Además, la sanción de estos únicamente con presidios perpetuos niega la capacidad de resocialización del individuo, lo cual requiere de una profunda justificación.