El mundo, que miraba asombrado lo que ocurría en Chile, también observó indignado cuando se informaron muertos, heridos, chilenos que perdían sus ojos por la represión. Las redes sociales también ardieron: detrás de un teclado hubo quienes festinaron con un manifestante herido tras la caida de un poste, o que a una carabinera le haya llegado una molotov.

Las autoridades trataron de reaccionar de alguna forma. El Presidente Piñera, que inicialmente decía que estaba en guerra "contra un enemigo poderoso", pasó a pedir perdón "por esta falta de visión", ya que los problemas que vivía el país se venían arrastrando hacía décadas. Aunque anunció un paquete de medidas, como aumentos de la pensión básica solidaria, aportes para complementar el ahorro previsional y un sueldo mínimo garantizado de $350 mil, el estallido social estaba en pleno desarrollo.

Paro

Luego hubo un llamado a paro general, el 12 de noviembre. El centro de Antofagasta ardió esa tarde. Edificios como la intendencia o el Servicio de Impuestos Internos sufrieron lo suyo. Con la luz cortada en varias cuadras, la noche solo se iluminaba con las hogueras y los celulares grabando, especialmente la de una farmacia que terminó hecha cenizas. Fue una noche confusa: gritos, saqueos, represión, bomberos corriendo por todos lados.

No quedó otra opción que ponerse de acuerdo. Partidos de gobierno y oposición se reunieron y acordaron que la salida a la crisis debía ser democrática, organizando un plebiscito para que los chilenos decidan si quieren cambiar o mantener la actual Constitución política, la madre de todas las leyes. Inicialmente se llamó para abril, pero la pandemia dijo otra cosa, y los ciudadanos tendremos la opción de ir el próximo domingo 25.

Las calles no se abandonaron. La última gran manifestación que se vio fue durante el 8 de marzo, pero a las pocas semanas el coronavirus llegó a la región. Las marcas de lo que comenzó a ocurrir hace un año siguen presentes. Hay demandas que no se han solucionado, familias que perdieron su fuente laboral, personas cuyas vidas quedaron marcadas para siempre al salir a manifestarse, daños materiales y físicos irrecuperables, ciudadanos que piden justicia.

Todavía es pronto para saber cómo la historia recordará lo que significó el 18 de octubre, pero el paso está dado y su más importante consecuencia, al menos para la historia institucional, se definirá el próximo domingo. Lo que venga después es incierto, pero todos esperan que de este proceso resulte un Chile mejor que el que era.

Desde que comenzó el estallido hasta el 30 de septiembre, un total de 3.449 imputados (en 1.635 casos) fueron ingresados o investigados por la Fiscalía Regional de Antofagasta por diversos delitos como robo en lugar no habitado, robo con violencia e intimidación, desórdenes públicos, incendios y daños, tortura, malos tratos y receptación. En todos estos casos, 3.118 son imputados conocidos y 331 desconocidos.

"A pesar de las complicaciones producidas por el estallido social y la pandemia por Covid-19 podemos afirmar que el 31% de los casos vinculados delitos con connotación social han sido finalizadas a través de sentencias definitivas condenatorias y monitorios", señaló al respecto el vocero de la Fiscalía Regional, el abogado José Troncoso. El 47% de los casos vinculados al estallido ya han finalizado, quedando el 5% suspendidos y 48% vigentes. En el período hubo 2.222 imputados por incendios y daños, y 2.128 por robo en lugar no habitado.

En lo que respecta a las prisiones preventivas de imputados que cometieron delitos vinculados a saqueos, el 72% de los casos son por robo en lugar no habitado y 28% por receptación. El 91% de los imputados que quedaron en prisión preventiva por delitos relacionados con saqueos, ya tenían antecedentes penales anteriores.

Derechos humanos

En lo que respecta a los casos por delitos vinculados a Derechos Humanos, el 98% de estos tiene imputado conocido y 2% desconocido. Hubo 709 casos que ingresaron por apremios ilegítimos por empleados públicos, quedando 277 finalizados y 432 en estado vigente. Por el delito de tortura ingresaron 75 casos, 30 de ellos resueltos y 45 vigentes. " Debido a complejidades derivadas por la Pandemia por Covid-19, el sistema judicial tuvo que volver a organizarse en audiencias y juicios online, con menos salas disponibles, por lo que estamos conscientes que los casos han ido avanzando, pero más lentamente. Aún existe un 61% de casos vigentes por delitos relacionados con Derechos Humanos, durante el estallido social", explicó Troncoso.