Paola Cataldo Leiva - www.soyantofagasta.cl
Una vez más Tocopilla está en el ojo del huracán y está vez es por el cierre de la antigua Planta de Revisión Técnica (PRT) y la puesta en marcha de una nueva, lo que incluso ha generado diversas manifestaciones que actualmente mantienen a cinco miembros del Movimiento Fuerza Laboral en huelga de hambre y encerrados en un pique minero de 80 metros.
Según consignó el sitio web Soyantofagasta.cl, todo comenzó en 2013 cuando un cambio en la ley obligó a que todas las PRT del país fueron automatizadas o tecnificadas, lo que en el caso de Tocopilla afectó directamente, puesto en la ciudad desde la década de los 80's funcionó una planta convencional a cargo de la familia Páez, la cual quedaba obsoleta considerando los nuevos requerimientos.
Fue así que se abrió un proceso de licitación doble, es decir, para la concesión Antofagasta-Tocopilla, a la que sólo postuló la PRT Ormazábal operada por 'Ormazábal Hijos Limitada' y de la cual el consejero regional, Guibaldo Ormazábal es propietario del 25%. La familia Páez, por ejemplo, no pudo postular por los exigentes parámetros de la licitación oficial.
Finalmente el 23 de diciembre de 2013 -cuando la seremi de Transporte estaba a cargo de Jaime Valdebenito- fue firmada la autorización de la concesión de la PRT Ormazábal en Tocopilla, fecha en que Guibaldo Ormazábal aún no asumía como core (ver página 5), pero sí estaba electo.
Pese a esta autorización, la construcción de la planta enfrentó problemas por diversas irregularidades, entre las que destacaba que ésta se construía sobre un depósito de cenizas generadas por termoeléctricas, las cuales serían contaminantes para los vecinos del sector, y que se ubicaría en una zona urbana no consolidada, dando paso a una investigación de Contraloría. A estas irregularidades hay que sumar que la PRT no contaba y aún no cuenta con el permiso municipal.
La polémica no paró y mientras la construcción de la planta continuaba, interpusieron tres recursos de protección por parte de Esteban Páez (hijo del exconcesionario), los que según el seremi de Transporte, Waldo Valderrama, finalmente fueron rechazados.
Los paños fríos al descontento y el fin a las irregularidades, pareció llegar el 1 de julio de 2015, cuando Valderrama junto al gobernador de Tocopilla, Sergio Carvajal, rechazaron la última prórroga de la PRT Ormazábal tras 250 días de atraso en su apertura. Ocasión en la que además, anunciaron una nueva licitación exclusiva para el Puerto Salitrero, en la que sí podría postular la familia Páez u otro oferente.
Sin embargo, a la fecha esa licitación no está realizada y hoy Ormazábal cuenta con todos los permisos para operar, salvo la patente municipal que no ha sido otorgada por el municipio.
"En base al informe de la Contraloría, como autoridad decidí no entregar una nueva prórroga y eso inició un proceso sancionatorio, pero quien resuelve finalmente fue el subsecretario y él decidió continuar con la implementación de la planta y cobrar boletas de garantía (160 UF), que es otra forma de sanción que se contempla en el sistema", comentó Waldo Valderrama.
