A mediados de mayo, la noticia comenzó a correr como un reguero de pólvora: Augusto Pinochet Molina, nieto del ex dictador, era detenido en la Plaza Sotomayor de Antofagasta portando cocaína. Al mismo tiempo, también iban apareciendo los rumores. Que lo encontraron jalando, que tenía un gramo, que parece que no era en verdad el nieto de Pinochet el que andaba en el norte. Finalmente, las imágenes de una cámara de televigilancia ubicada en el centro con la detención de Pinochet Molina, dieron la vuelta al país.

Esta semana, nuevamente las cámaras de televigilancia volvieron a ser noticia. No evidenciaron ningún delito ni mucho menos, sino que ahora es un problema de lucas. La municipalidad de Antofagasta anunció que se transferirían 20 millones de pesos a la Gobernación para apoyar en el pago de las remuneraciones de los funcionarios que operan esas cámaras. Sin embargo, la Gobernación había pedido cien millones, cifra que no se concretó.

"Se nos expresó que el municipio derechamente no tenía plata", cuenta la intendenta (s), Fabiola Rivero. "Yo manifesté que me parecía grave, que esto era una afectación innecesaria a la seguridad de la comuna, tomando en consideración que la participación de las tres instituciones (municipalidad, carabineros y Gobernación) ha sido histórica. Hace diez años que el sistema funciona así, y es primera vez que el municipio dice que no tiene plata", dice.

El asunto es complicado, tomando en cuenta que en enero pasado se firmó un convenio entre ambas partes por 50 millones de pesos para apoyar este ítem. Cuando nuevamente se solicitó dinero para el pago de los funcionarios, el municipio sólo transfirió -en forma extraordinaria- veinte millones. La pregunta es qué pasará cuando se acabe esa plata. La intendenta (s) explica que se están buscando ideas para seguir operando las cámaras, pero que continuarán sí o sí.

"Nosotros vamos a mantener las cámaras operativas. Si el municipio, por una supuesta ausencia de recursos económicos quiere restarse de un plan tan importante que ha demostrado con creces y cifras evidentes el mejoramiento en la administración y la gestión, si ellos se quieren restar, es problema de ellos. Nosotros no vamos a cesar en buscar la fórmula para que las cámaras sigan funcionando", dice Rivero.

Asimismo, la intendenta (s) explica que históricamente el municipio es el que hace las transferencias, porque ni la gobernación ni carabineros tienen facultades para pagar sueldos a los operarios de la televigilancia. Además, dice que sólo se enteró por la prensa del pago de los famosos 20 millones, pero nadie le ha comunicado formalmente que esto será así. "Gracias a la administración actual, las cámaras de televigilancia han mejorado su efectividad en un 658%. Cuando heredamos la administración ni siquiera habían procedimientos policiales por las cámaras de televigilancia, habían ocho cámaras funcionando", dice. Hoy, hay 31, cuatro en mantención de rutina.

NI UN PESO MÁS

Por el otro lado, Mauricio Peldoza, asesor jurídico del municipio, explica que efectivamente se firmó un convenio con la gobernación a principios de año por 50 millones de pesos. "Nosotros en ningún momento nos comprometimos a transferir los 150 millones que pedía la gobernación", explica. "Cuando nos solicitaron cien millones, nos vimos sorprendidos, en atención a que habíamos firmado un convenio por 50, entendimos que la gobernación iba a hacer gestiones propias para conseguir más recursos", dice.

-No, para nada es obligación. Tanto así que la propia gobernación aceptó los 50 millones que acordamos en enero. Ahora nos pidieron más, pero por situación excepcional transferimos 20.

Frente a lo señalado por la intendenta (s) Rivero, en atención que no fue informada de la decisión de transferir veinte millones de pesos, Peldoza aseguró que desconocía si se le había comunicado o no, pero "si ella requiere un documento formal, me preocuparé que le llegue". J

I. Araya y L. Pereira